por Claudia Urquieta Chavarría
Esta es una de las medidas que reveló el rector del plantel a la comisión de Educación para revertir el rechazo a la acreditación de la casa de estudios. Parlamentarios se sumarán a operación de ''salvataje''.
El término del contrato con las empresas externas encargadas de la gestión de las matrículas, que se sumó al escándalo con la carrera de criminalística y otros problemas que impidieron la acreditación de la Universidad Tecnológica Metropolitana (UTEM), es una de las medidas con las que la entidad pretende revertir la decisión del Consejo Nacional de Acreditación (CNA).
Así lo anunció el rector Miguel Ángel Avendaño, durante una reunión sostenida con representantes de la Comisión de Educación del Senado en el ex Congreso Nacional, oportunidad en que también manifestó su disposición para solucionar el problema de los alumnos de la carrera de criminalística, que acusan no tener campo laboral.
Frente a las objeciones de la CNA al tema de la “productividad académica”, relativo al número de investigaciones y publicaciones de la Universidad, indicó que al ser un tema a largo plazo no es posible ver resultados inmediatos como en los casos anteriores, pero que es un tópico que formará parte de las mejoras que se disponen a asumir.
Las medidas fueron detalladas internamente en la reunión, y fueron expuestas por los senadores Mariano Ruiz Esquide (DC), Carlos Cantero (independiente) y Ricardo Nuñez (PS), ya que el rector no quiso referirse al respecto.
El próximo paso será presentar la apelación ante el Consejo Superior de Educación (CSE), que debería definir si se le otorgará la acreditación, lo que se prevé para marzo.
Operación “salvataje”
El rol de la comisión del Senado en el conflicto, fue acordado el miércoles, cuando decidieron discutir con la ministra de Educación, Yasna Provoste, y con el jefe de la División de Educación Superior del Mineduc, Julio Castro, la situación que enfrenta la UTEM.
La conclusión fue que el escenario es complejo, ya que se debe tomar en cuenta que si no se revierte la decisión de la CNA, el plantel sólo podrá apelar en dos años más, y en ese escenario tendrá graves problemas en términos de solvencia económica.
“Entendemos que hay un problema de sobrevivencia de la Universidad. Entonces el objetivo es hacer todo lo necesario en el marco de las normas actuales vigentes para que sobreviva”, aseguró Cantero.
Y agregó que “el buque está con problemas, está naufragando. Lo que queremos es evitar ese naufragio y después veremos qué pasará con la tripulación”.
Por su parte, Ruiz Esquide aclara que no asumirán un rol de mediadores ni proyectan intervenir en la autonomía de la universidad, sino que “lo que hacemos es buscar mecanismos pertinentes para lograr salvar la situación”.
Esto, porque las herramientas con que cuentan están relacionadas con la disposición, pero no con facultades legales.
El senador falangista aseguró que, a pesar del negro escenario, las medidas anunciadas por Avendaño podrían marcar una diferencia, a lo que se suma a que la CNA dio otros cinco días para presentar los descargos.
Esta es una de las medidas que reveló el rector del plantel a la comisión de Educación para revertir el rechazo a la acreditación de la casa de estudios. Parlamentarios se sumarán a operación de ''salvataje''.
El término del contrato con las empresas externas encargadas de la gestión de las matrículas, que se sumó al escándalo con la carrera de criminalística y otros problemas que impidieron la acreditación de la Universidad Tecnológica Metropolitana (UTEM), es una de las medidas con las que la entidad pretende revertir la decisión del Consejo Nacional de Acreditación (CNA).
Así lo anunció el rector Miguel Ángel Avendaño, durante una reunión sostenida con representantes de la Comisión de Educación del Senado en el ex Congreso Nacional, oportunidad en que también manifestó su disposición para solucionar el problema de los alumnos de la carrera de criminalística, que acusan no tener campo laboral.
Frente a las objeciones de la CNA al tema de la “productividad académica”, relativo al número de investigaciones y publicaciones de la Universidad, indicó que al ser un tema a largo plazo no es posible ver resultados inmediatos como en los casos anteriores, pero que es un tópico que formará parte de las mejoras que se disponen a asumir.
Las medidas fueron detalladas internamente en la reunión, y fueron expuestas por los senadores Mariano Ruiz Esquide (DC), Carlos Cantero (independiente) y Ricardo Nuñez (PS), ya que el rector no quiso referirse al respecto.
El próximo paso será presentar la apelación ante el Consejo Superior de Educación (CSE), que debería definir si se le otorgará la acreditación, lo que se prevé para marzo.
Operación “salvataje”
El rol de la comisión del Senado en el conflicto, fue acordado el miércoles, cuando decidieron discutir con la ministra de Educación, Yasna Provoste, y con el jefe de la División de Educación Superior del Mineduc, Julio Castro, la situación que enfrenta la UTEM.
La conclusión fue que el escenario es complejo, ya que se debe tomar en cuenta que si no se revierte la decisión de la CNA, el plantel sólo podrá apelar en dos años más, y en ese escenario tendrá graves problemas en términos de solvencia económica.
“Entendemos que hay un problema de sobrevivencia de la Universidad. Entonces el objetivo es hacer todo lo necesario en el marco de las normas actuales vigentes para que sobreviva”, aseguró Cantero.
Y agregó que “el buque está con problemas, está naufragando. Lo que queremos es evitar ese naufragio y después veremos qué pasará con la tripulación”.
Por su parte, Ruiz Esquide aclara que no asumirán un rol de mediadores ni proyectan intervenir en la autonomía de la universidad, sino que “lo que hacemos es buscar mecanismos pertinentes para lograr salvar la situación”.
Esto, porque las herramientas con que cuentan están relacionadas con la disposición, pero no con facultades legales.
El senador falangista aseguró que, a pesar del negro escenario, las medidas anunciadas por Avendaño podrían marcar una diferencia, a lo que se suma a que la CNA dio otros cinco días para presentar los descargos.
