4 de Septiembre de 2007
La ministra de Educación se refirió a lo señalado en ese sentido por un informe de la Contraloría, el cual, indicó, deberá ser analizado en el Congreso Nacional.
La ministra de Educación, Yasna Provoste, descartó que exista una duplicidad de funciones de su cartera con las que tendría la Superintendencia del ramo y cuya creación se encuentra en un proyecto de ley que se tramita en el Poder Legislativo.
La secretaria de Estado se refirió así a un informe de la Contraloría General de la República que advierte sobre esa posible sobreposición de funciones.
En ese sentido indicó que en la actualidad el Mineduc tiene atribuciones para inspeccionar, fiscalizar, abrir procesos en contra de los sostenedores que contravienen la Ley de Subvenciones o la Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza, lo que da objeto a multas, inhabilidades, e incluso la revocación de reconocimiento oficial.
“Al crear una nueva institucionalidad, como es la Superintendencia, lo que se hace es trasladar estas atribuciones a otro organismo, porque lo que no es posible es que exista una superposición o duplicidad de funciones y atribuciones en distintas entidades. En eso, hemos sido absolutamente categóricos, queremos que este rol de juez y parte nunca más ocurra en la alta dirección del sector educacional”, aclaró.
En ese sentido la ministra recalcó la disposición de su cartera para estudiar los comentarios del organismo contralor, destacando que “el espacio para dirimir esas diferencias y esas opiniones, en toda sociedad democrática, es en el Parlamento y nosotros vamos a seguir con este diálogo amplio con todos los sectores en el sentido de avanzar a una nueva educación, que permita garantizar una de calidad para todos y todas”.
Dictamen
De acuerdo al informe remitido al Congreso, las funciones entregadas a la superintendencia en lo relativo a controlar las operaciones financieras de las corporaciones, fundaciones o asociaciones municipales, "colisionan ciertamente con las de la Contraloría General".
"A juicio de este organismo contralor, el proyecto debería precisar con mucha claridad la improcedencia de que la Superintendencia de Educación pueda intervenir, por la vía del control financiera y del examen de cuentas, en el ámbito de los servicios educacionales administrados tanto por los Departamentos de Educación Municipal, como corporaciones municipales, sujetos a intensa fiscalización de la Contraloría”, señala la resolución.
“Como consecuencia de ello, no sólo debería estarle vedado a la Superintendencia realizar auditorías o examinar cuentas, sino que también emitir pronunciamientos o instrucciones jurídicas en estas materias”, sostiene.
En ese sentido, la Contraloría estima que “la competencia de Superintendencia d Educación, particularmente en ese sector, debería circunscribirse a los aspectos relacionados con los aspectos técnicos de orden educacional”.
El organismo también advierte sobre una serie de duplicidad de funciones entre la labor que hoy lleva adelante el Mineduc y el que asumirá la superintendencia, además de otra serie de imprecisiones que, a su juicio, existen en algunas normas del proyecto.
ADEMÁS:
Vea la resolución completa
La ministra de Educación se refirió a lo señalado en ese sentido por un informe de la Contraloría, el cual, indicó, deberá ser analizado en el Congreso Nacional.
La ministra de Educación, Yasna Provoste, descartó que exista una duplicidad de funciones de su cartera con las que tendría la Superintendencia del ramo y cuya creación se encuentra en un proyecto de ley que se tramita en el Poder Legislativo.
La secretaria de Estado se refirió así a un informe de la Contraloría General de la República que advierte sobre esa posible sobreposición de funciones.
En ese sentido indicó que en la actualidad el Mineduc tiene atribuciones para inspeccionar, fiscalizar, abrir procesos en contra de los sostenedores que contravienen la Ley de Subvenciones o la Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza, lo que da objeto a multas, inhabilidades, e incluso la revocación de reconocimiento oficial.
“Al crear una nueva institucionalidad, como es la Superintendencia, lo que se hace es trasladar estas atribuciones a otro organismo, porque lo que no es posible es que exista una superposición o duplicidad de funciones y atribuciones en distintas entidades. En eso, hemos sido absolutamente categóricos, queremos que este rol de juez y parte nunca más ocurra en la alta dirección del sector educacional”, aclaró.
En ese sentido la ministra recalcó la disposición de su cartera para estudiar los comentarios del organismo contralor, destacando que “el espacio para dirimir esas diferencias y esas opiniones, en toda sociedad democrática, es en el Parlamento y nosotros vamos a seguir con este diálogo amplio con todos los sectores en el sentido de avanzar a una nueva educación, que permita garantizar una de calidad para todos y todas”.
Dictamen
De acuerdo al informe remitido al Congreso, las funciones entregadas a la superintendencia en lo relativo a controlar las operaciones financieras de las corporaciones, fundaciones o asociaciones municipales, "colisionan ciertamente con las de la Contraloría General".
"A juicio de este organismo contralor, el proyecto debería precisar con mucha claridad la improcedencia de que la Superintendencia de Educación pueda intervenir, por la vía del control financiera y del examen de cuentas, en el ámbito de los servicios educacionales administrados tanto por los Departamentos de Educación Municipal, como corporaciones municipales, sujetos a intensa fiscalización de la Contraloría”, señala la resolución.
“Como consecuencia de ello, no sólo debería estarle vedado a la Superintendencia realizar auditorías o examinar cuentas, sino que también emitir pronunciamientos o instrucciones jurídicas en estas materias”, sostiene.
En ese sentido, la Contraloría estima que “la competencia de Superintendencia d Educación, particularmente en ese sector, debería circunscribirse a los aspectos relacionados con los aspectos técnicos de orden educacional”.
El organismo también advierte sobre una serie de duplicidad de funciones entre la labor que hoy lleva adelante el Mineduc y el que asumirá la superintendencia, además de otra serie de imprecisiones que, a su juicio, existen en algunas normas del proyecto.
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